Según la cartera dirigida por Luis Petri, esta medida no fue tomada de manera unilateral, sino que obedeció a una orden del Poder Judicial de la Nación, la cual fue notificada por el Ministerio Público Fiscal.

En declaraciones a Noticias Argentinas, fuentes del Ministerio explicaron que la orden para la baja de los efectivos fue dictada por la Justicia, debido a que todos los involucrados cuentan con sentencias firmes por delitos de lesa humanidad. “Nosotros no hicimos más que acatar una orden de la Justicia”, afirmaron desde el Ministerio de Defensa.

El pedido formal para dar de baja a los militares fue realizado por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, quien solicitó que se repusieran o requirieran las bajas de los condenados. A su vez, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas inició actuaciones sumariales para investigar posibles irregularidades en la información proporcionada, ya que las condenas por violaciones a los derechos humanos están firmes y agotadas todas las instancias recursivas.