La Rioja logró un avance determinante en su disputa con el Estado Nacional por los recursos que fueron recortados durante la gestión de Javier Milei. La Corte Suprema de Justicia de la Nación notificó la realización de una audiencia de conciliación obligatoria para el 3 de diciembre de 2025 a las 11, en el marco de la causa por la coparticipación.

En esa instancia, el Gobierno provincial presentará ante el máximo Tribunal el detalle de la deuda generada por la falta de transferencia de fondos coparticipables y partidas específicas que Nación dejó de enviar desde noviembre de 2023, provocando un fuerte impacto en las finanzas provinciales y en miles de familias que dependen de políticas públicas sostenidas con esos recursos.

Según informó prensa del Gobierno provincial, la convocatoria de la Corte representa un reconocimiento a la legitimidad del planteo riojano, al considerar acreditada la verosimilitud del derecho sobre las partidas que fueron retenidas sin sustento legal durante el gobierno anterior. Este paso judicial se interpreta como un avance concreto hacia la reparación del daño ocasionado.

Desde Casa de Gobierno remarcaron que la audiencia abre una instancia “institucional, seria y transparente”, luego de que la administración nacional precedente ignorara el reclamo y desoyera incluso las obligaciones previstas en el Presupuesto Nacional.

Con esta decisión, La Rioja reafirma su defensa de los fondos que le corresponden por ley. El proceso judicial ingresa así en una etapa clave para recuperar la autonomía financiera provincial y garantizar la continuidad de programas esenciales para el desarrollo de cada departamento riojano.

El reclamo

Cabe recordar que el gobernador Ricardo Quintela presentó una demanda contra el Estado Nacional en los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en la que reclama fondos de coparticipación adeudados y que fueron previstos en la Ley de Presupuesto del 2023, como también, los recursos propios hasta el año en curso.

En su momento, la presentación -que cuenta con el patrocinio del ex convencional Jorge Yoma y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez- precisó que el Presupuesto 2023 (aprobado por ley 27.701) estableció en su artículo 83 un monto de $47.000 millones de pesos por la coparticipación de La Rioja, pero que solo le otorgaron $35.500 millones.

Explicó la demanda que, a raíz de ese faltante de recursos, La Rioja se vio obligada a la emisión -con autorización de su Legislatura- en formato físico o digital Bonos de Cancelación de Deudas (BOCADE). Asimismo, que efectuaron reclamos ante las autoridades nacionales y no obtuvieron respuestas satisfactorias para el reclamo provincial.

En tal sentido, la pretensión judicial de la provincia radica en la entrega de un monto actualizado de los fondos, que actualmente serían de unos 1.300 millones de dólares, por los ejercicios 2023, 2024 y el de este año.-