La Rioja quedó en el centro de una nueva controversia interprovincial luego de que el reclamo por límites con San Juan generara una dura reacción política, jurídica y minera desde la provincia vecina, donde funcionarios e intendentes acusaron al gobierno de Ricardo Quintela de abrir una discusión sin sustento legal y con impacto directo sobre proyectos estratégicos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el intendente sanjuanino de Valle Fértil, Mario Riveros, calificó el planteo riojano como de “muy mal gusto”, sostuvo que carece de respaldo jurídico y presentó un repudio en la Legislatura provincial contra los intentos de cuestionar los límites del territorio vallisto.

El conflicto tomó volumen porque no se trata solo de una pulseada política entre gobernadores. La discusión alcanza zonas de interés minero y turístico, en un contexto en el que San Juan defiende que sus límites con La Rioja están establecidos por leyes nacionales vigentes y que una provincia no puede modificar unilateralmente una frontera interprovincial.

El secretario General de la Gobernación de San Juan, Emilio Achem, también descartó el avance riojano y reclamó seguridad jurídica para las inversiones mineras. Desde esa posición, el gobierno sanjuanino busca cerrar cualquier margen de incertidumbre sobre proyectos de alto valor económico en la cordillera y en áreas vinculadas al desarrollo minero.

La respuesta técnica también llegó desde sectores profesionales y empresariales. El Colegio Profesional de Ingenieros Agrimensores de San Juan sostuvo que los límites están definidos, mientras que la Cámara Minera sanjuanina advirtió sobre la necesidad de certezas para inversiones de gran escala.

En el trasfondo aparecen menciones a proyectos como Vicuña, Lunahuasi, Josemaría y Filo del Sol, además del área de Ischigualasto, un emblema turístico y paleontológico administrado por San Juan.

El planteo deja a La Rioja en una posición incómoda: por un lado, intenta reafirmar derechos territoriales; por otro, enfrenta una respuesta coordinada que invoca normas nacionales, seguridad jurídica y competencia del Congreso para cualquier modificación de límites provinciales.

La controversia quedó instalada entre presentaciones legislativas, declaraciones cruzadas y advertencias del sector minero. La posición sanjuanina sostiene que el límite vigente no está en discusión y que cualquier cambio territorial requiere intervención nacional, no una decisión unilateral de una provincia.