La intervención se originó en el marco de una investigación por un hecho de robo denunciado el pasado 15 de junio. A raíz de los cuestionamientos surgidos sobre el operativo, también se presentó una denuncia ante la Justicia para determinar si existió vulneración de derechos y garantías constitucionales.

Entre las medidas adoptadas, se resolvió apartar a las autoridades de la dependencia policial interviniente y designar nuevos responsables al frente de la comisaría.

Además, cinco efectivos policiales fueron separados preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación sobre su presunta participación en los hechos denunciados.

Paralelamente, la Dirección General de Asuntos Internos inició actuaciones para establecer posibles responsabilidades administrativas y disciplinarias de los uniformados involucrados.

Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que el caso será investigado con objetividad y reafirmaron el compromiso institucional con la transparencia, la legalidad y el respeto de los derechos de todos los ciudadanos.