El mandatario explicó que la medida surge ante una situación que calificó como de “extrema gravedad”, marcada por el creciente endeudamiento de trabajadores y familias que, en muchos casos, recurren al crédito no para progresar sino para afrontar deudas anteriores.

“Una cosa es el crédito como herramienta para crecer, para desarrollarse, para mejorar la calidad de vida, la vivienda o el medio de movilidad, y otra muy distinta es que la necesidad de nuestra gente se transforme en un uso abusivo y un negocio financiero”, sostuvo Quintela.

En ese sentido, cuestionó las tasas excesivas, las refinanciaciones permanentes y las prácticas que terminan absorbiendo una parte cada vez mayor del ingreso familiar, y remarcó que el Estado provincial tiene la responsabilidad de establecer límites y proteger a los sectores más vulnerables.

“El decreto no busca impedir el crédito”
Quintela aclaró que la iniciativa no pretende impedir el acceso al crédito, sino evitar situaciones de abuso y prácticas que se aprovechen de la necesidad económica de las familias.

“Lo que busca es evitar el abuso, que nadie pueda aprovecharse de la necesidad de una familia para obtener una rentabilidad desmedida, abusiva y usurera”, afirmó.

El gobernador señaló que el nuevo DNU profundiza un conjunto de medidas que la Provincia viene implementando. Entre ellas mencionó el Decreto 1082, mediante el cual se dieron de baja códigos de descuento vinculados a cobros indebidos, manteniendo vigentes únicamente aquellos convenios que se encuentran regularizados.

También destacó un operativo realizado por la Policía de la Provincia, a través de la División de Delitos Económicos, que permitió desarticular una presunta red ilegal de usura y extorsión que habría ejercido presiones y amenazas sobre personas que no podían afrontar cuotas abusivas.

Según indicó Quintela, algunas de esas tasas superaban el 1.000%.

Suspensión de ejecuciones prendarias
El mandatario también recordó la reciente implementación de una ley provincial que suspende durante 180 días las ejecuciones prendarias, como parte de las medidas destinadas a brindar alivio a las familias riojanas.

Explicó que la iniciativa no modifica los contratos originales, sino que establece un período de tiempo para que quienes tomaron créditos y quienes los otorgaron puedan alcanzar acuerdos sin la presión de perder sus bienes.

Quintela remarcó que tanto el nuevo DNU como la suspensión de las ejecuciones prendarias tendrán carácter provisorio, mientras persista la situación económica que atraviesan las familias de la provincia.

“Tenemos una responsabilidad: poner límites, ordenar y proteger a quien se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad”, concluyó.