Como cada 22 de abril, este sábado se celebra el Día de la Tierra. Este año, la fecha llega mientras en Buenos Aires se desarrolla la Segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP2) de Escazú —el primer acuerdo regional ambiental de América Latina—, por lo que organizaciones ambientales realizaron este viernes una marcha para concientizar sobre el cuidado del planeta y las consecuencias del cambio climático. La marcha fue convocada por Jóvenes por el Clima, Eco House, Consciente Colectivo, Climate Save, Fridays For Future, Sustentabilidad sin Fronteras y RUCC, que partirán desde la Plaza de Tribunales hasta la sede donde se lleva a cabo la COP2 de Escazú, en el Hotel Libertador, en Avenida Córdoba y Maipú. Entre las consignas están la "reforma judicial con perspectiva ambiental y de género; el acceso a la tierra para quienes la trabajan; la soberanía para nuestros bienes comunes, naturales y las Islas Malvinas", y otros reclamos previos que aprovecharán para reivindicar por la presencia de las autoridades de la región, como la ley de humedales, la ley de envases con inclusión social y la transición energética justa. Se trata de "la primera marcha del ambientalismo nacional y popular del año", dijo a Página|12 Martina Gómez, de Jóvenes por el Clima. Y agregó que, además de movilizarse por el Día de la Tierra, reclamarán "la correcta implementación de Escazú y para visibilizar la falta de acceso a la justicia que enfrentan todos los días los defensores y defensoras ambientales de la región". Qué es la COP2 Escazú La COP2 Escazú es una reunión extraordinaria entre delegaciones de 24 países Parte –con la reciente incorporación de Belice, Chile y Granada–, signatarios y observadores y más de 600 personas acreditadas, que tiene como objetivo elegir a los primeros integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, que velará por la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú. Fue firmado en Costa Rica en 2018 y es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, pone a las personas en el centro y busca garantizar los derechos al acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.