Desde el 1° de abril está en vigencia la ley N° 10.853, la nueva ley orgánica del Tribunal de Cuentas de La Rioja. La norma reemplaza a la ley 4828 que reguló el funcionamiento del organismo durante cuatro décadas. "Venía a reemplazar la ley 4828 que rigió durante 40 años y que, dado el paso del tiempo, estaba casi obsoleta. Debíamos incorporar muchas cosas que durante estos años se fueron trabajando y que debíamos incluir en la normativa", explicó el presidente del Tribunal, Jorge Menem a NUEVA RIOJA.

El proyecto fue elaborado con aportes de las distintas áreas del Tribunal, lo que permitió diseñar una norma consensuada y adaptada a las nuevas demandas del control público. Según indicó el funcionario, se trata de una ley “de vanguardia a nivel nacional”.

En este sentido resaltó “La ley será publicada en el boletín federal del país, es decir que la normativa representará a la provincia”.

Digitalización
Menem resumió la ley en tres ejes. El primer eje de la nueva ley apunta a consolidar jurídicamente la transformación digital que el Tribunal venía impulsando desde hace años. "Si bien ya teníamos leyes que acompañaban esta tendencia, se incorporó en la ley la validez jurídica a los procesos digitales, firma digital, notificaciones electrónicas y tomamos domicilios electrónicos además del domicilio real y físico de los cuentadantes", detalló Menem.

La norma va más allá y habilita herramientas de última generación: "La ley establece la posibilidad de utilizar inteligencia artificial y resguardo digital inviolable de datos". Esto significa que los expedientes y registros que antes se acumulaban en papel —y que con el transcurso del tiempo podían deteriorarse o perderse— ahora tendrán respaldo digital permanente. El impacto es doble: se reducen los tiempos administrativos y se garantiza la integridad de la información a largo plazo. "Desde que nos hicimos cargo del Tribunal hace 5 años venimos con un proceso de capacitación intensivo, de modo que el organismo ya cuenta con el conocimiento para poder hacer esta tarea en cuanto a la digitalización y despapelización", subrayó el presidente.

Control integral
El segundo eje es, probablemente, el cambio más significativo que introduce la ley ya que incluye el control integral y concomitante, la innovación más significativa de la norma. Hasta ahora, el Tribunal ejercía el control del gasto público en dos momentos: de manera preventiva, sobre los actos administrativos, y de manera posterior, a través del juicio de cuentas y el juicio administrativo de responsabilidad. Pero existía un vacío entre ambos momentos en el que no era posible intervenir.

"Había un vacío en el medio en el que no podíamos interceder para detectar irregularidades y corregir los posibles desvíos. Incorporamos el control concomitante", explicó Menem. Este nuevo proceso permite al Tribunal actuar durante la ejecución del gasto, en tiempo real, para identificar problemas antes de que se consumen. La lógica es preventiva antes que punitiva: "El remedio es evitar la erogación cuando el trámite no corresponda, antes que tener que castigar al final del proceso, ya hecha la erogación". Se trata de un mecanismo que, según Menem, es "nuevo y vanguardista a nivel nacional".

Transparencia
El tercer eje es la transparencia. "Teníamos establecida en la ley anterior la confección de la memoria anual que era comunicada a fin de año a la Cámara de Diputados, y ahora será comunicada a la comunidad por medio de nuestra página web y redes", señaló.

Y añadió "Muchas veces la sociedad desconoce la cantidad de multas que hacemos a los cuentadantes por errores formales, cargos de devolución de fondos y ejecuciones fiscales. La sociedad desconoce el trabajo arduo del Tribunal porque no hay manera de hacerlo conocer, y por esta ley lo haremos público a toda esta tarea, así que será en beneficio de la sociedad".

Entre los beneficios para la ciudadanía, el funcionario destacó la posibilidad de un control más inmediato sobre la ejecución del gasto, incluyendo la verificación de bienes y servicios adquiridos por el Estado.

Finalmente, Menem señaló que el desafío ahora es profundizar la implementación. “Venimos con un proceso de capacitación desde hace años. El objetivo es dejar atrás el papel, acortar los tiempos de control y fortalecer la transparencia para que la sociedad sepa cómo se administran los recursos públicos. Ese será nuestro objetivo este año y el próximo”, concluyó.